REFORMA AGRICOLA EN COLOMBIA
Paz y reforma agraria
A pesar de todas las adversidades y el sufrimiento
infringido, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas no se
rinden y siguen en la lucha por tener un espacio propio de vida. La historia
demuestra que la resistencia campesina es diversa, amplia y recursiva. A pesar
de todos los intentos –incluyendo el desplazamiento forzado- de reducir la
población dedicada a la agricultura, ésta ha aumentado en términos absolutos de
6 millones de personas en 1938 a 11,6 millones en 1993. La economía campesina
ha jugado un papel central en la construcción de la economía colombiana y ha
demostrado ser viable como lo revela recientemente el hecho de que los pequeños
productores fueron capaces de soportar mejor que los grandes la liberalización
del comercio agrícola. Organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), FENSUAGRO luchan por su
reconocimiento como sujetos de desarrollo alternativo.
Para más informaciones sobre el modelo de reforma agraria de
mercado, véase la Hoja informativa „La política de tierras del Banco Mundial”.
La Campaña Global por la Reforma Agraria apoya el movimiento unitario de
trabajadoras y trabajadores Rurales aglutinados en el Consejo Nacional
Campesino. Como lo han demostrado las movilizaciones recientes, los campesinos
tienen capacidad nacional de convocatoria y sus exigencias son reconocidas por otros
Sectores de la sociedad civil colombiana como fundamentales para lograr la paz.
Dentro del pliego nacional de demandas, la Campaña apoya particularmente:
La realización de una reforma agraria integral y democrática
que entregue gratuitamente la tierra a las Campesinas y campesinos y utilice la
extinción de dominio de los latifundios inadecuadamente explotados, así como la
expropiación por vía administrativa de otros predios. Fortalecimiento de la
economía Campesina y financiamiento adecuado de las instituciones estatales del
sector agropecuario.
Cese del desplazamiento forzado, los asesinatos, las
desapariciones y torturas en contra de las comunidades rurales. Atención
inmediata, oportuna e integral a las comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas desplazadas. Indemnización y retorno a sus tierras con plenas
garantías de seguridad y proyectos productivos subsidiados por el Estado.
Eliminación inmediata de las fumigaciones sobre los cultivos
proscritos, implementando la sustitución gradual a través de la concertación
comunidades rurales- Estado-Comunidad internacional con financiación de planes
de desarrollo sostenibles y planes de vida.
Indemnización a las
mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas y a sus familias afectadas por
el Conflicto social y armado; protección a las líderes y sus organizaciones
para el trabajo social y organizativo y vinculación a los programas de
inversión social, en especial, a las mujeres cabeza de familia.
Defensa de la
propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas y de las tierras de
las comunidades afrocolombianas y establecimiento de Reservas Campesinas
inalienables.
Eliminación de las políticas internacionales de “libre
comercio” que han arruinado a los agricultores, fomentado la concentración
especulativa de la tierra y acabado con la soberanía alimentaria. No al Acuerdo
de Libre Comercio de las Américas ALCA y al tratado bilateral de libre comercio
con Estados Unidos. Fuera la agricultura de la Organización Mundial de
Comercio.
Sobra mucha gente en el campo y en la agricultura“
Al iniciarse el nuevo milenio, Colombia se encuentra en
medio de un grave conflicto armado cuya intensidad crece continuamente. Aunque
el país es bien conocido a nivel internacional como sinónimo de narcotráfico,
violencia endémica y creciente descomposición social, muy pocos conocen las
raíces de los problemas actuales. La extrema inequidad en el campo y la
exclusión de la población rural son una cuenta histórica pendiente que está en
el centro de la confrontación política, económica y militar en Colombia hoy.
Al igual que el resto de América Latina, la historia de acaparación y despojo violento
de tierras se remonta en Colombia a la invasión española. El primer intento de
cambiar la injusta estructura de la tenencia dela tierra lo constituyó la ley
200 de 1936. Esta ley introdujo la función social de la propiedad con la
consecuente posibilidad de la extinción de dominio en caso de que la tierra
fuera dejada ociosa por un cierto tiempo, así como la jurisdicción agraria
especializada en dirimir conflictos de tierras. La reacción terrateniente a
esta ley no se hizo esperar: rápidamente se revirtieron muchas de las
disposiciones que fortalecían los derechos de los campesinos. Además, la
violencia partidista que tuvo dimensiones de guerra civil entre1948 y 1958 hizo
posible la aniquilación de las organizaciones campesinas e indígenas, causó el
desplazamiento forzado de cerca de 2 millones de campesinos que fueron
despojados de sus tierras y fue responsable del asesinato de más de 200 mil
personas, especialmente en el campo. Después de firmados los tratados de paz y
en el marco de la „Alianza para el Progreso “estadounidensefue creado en 1961
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. La política agraria en la
década de 1960 tuvo como objetivo modernizar el campo presionando a los
terratenientes a hacer mayor uso de sus tierras bajo la amenaza de la extinción
de dominio. Sólo hasta 1968 se aprobaron medidas complementarias que agilizaron
e hicieron más eficaz el proceso de redistribución de tierras abriendo paso a
una reforma agraria bastante limitada.
El „Pacto de Chicoral“, acuerdo político entre los partidos
tradicionales y los gremios de propietarios, puso fin en 1973 a la incipiente
reforma. En lugar de la redistribución de tierras, los gobiernos fomentaron la
colonización como forma de acceder a la tierra. Como consecuencia de la ley 4
de 1973 las expropiaciones para redistribución de tierras se hicieron
imposibles; la actividad del INCORA solamente se reinició en 1982 mediante la
adquisición de fincas a precios comerciales, en zonas de violencia llamadas de
„rehabilitación“. La política agraria, por su parte, se ha caracterizado
principalmente por partir de la premisa de que es necesario acabar con la
agricultura tradicional y campesina para dejarles el campo libre a los grandes
terratenientes comerciales.
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